18/05/2024

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Pasó 2023 sin mucho para celebrar, excepto que afortunadamente ya transcurrió un año y medio de un nefasto gobierno socialista que se ha propuesto acabar con el país, la economía, la industria, la integración de la sociedad y las fortalezas que ofrecen nuestra gente y nuestros recursos naturales. Aunque son muchos los desencantados de los cambios que prometió el actual jefe de gobierno en su campaña y que nunca llegaron, sí se percibe un esfuerzo gubernamental para fortalecer sus huestes izquierdistas, ofreciéndoles subsidios, becas y dinero, probablemente para comprar sus voluntades y asegurar los votos para las elecciones de 2026. Este ha sido un año de ingrata recordación.

Una amplia mayoría se está quejando del camino que nos está haciendo recorrer este gobierno, pero quienes están siendo profundamente afectados no alzan su voz para reclamar y defender la democracia que hemos jurado defender. El balance entre la situación de los colombianos a la salida del anterior gobierno y el momento actual nos deja un sabor amargo, pues en lugar de progresar vamos en acelerado retroceso, en lugar de visualizar prosperidad se observa tristeza y dolor y en lugar de fortalecer la democracia se advierte la pérdida de libertades y con ella la llegada de la opresión de la ideología progresista.

2023 permitió el fortalecimiento del régimen y poco a poco fue introduciendo normas que afectan sensiblemente la calidad de vida de los ciudadanos, que polarizan aún más a la población, que sumadas van cerrando el cepo alrededor del cuello de los colombianos, quienes a pesar de ver cómo sube el nivel del agua siguen pensando que no se van a ahogar en la triste realidad de lo que está sucediendo con el país donde el subdesarrollo y la pobreza se incrementan a pesar de ser dueños de grandes recursos, donde cada día se aísla más al estado dentro de la comunidad internacional y a cada instante se siente el incremento del dominio gubernamental sobre una población que cada día es más dependiente del sistema.

Es imposible desconocer cómo han afectado al país decisiones irreflexivas del Gobierno como el incremento de la gasolina, donde en 18 meses el precio ha subido casi el 70 % y con ello suben los peajes, suben los alimentos, sube el transporte, suben los arrendamientos, suben las pensiones de colegios y universidades, suben los servicios públicos y, fuera de eso, para acabar con la clase media que soporta el peso de la democracia y contribuye a la generación de empleo y a la producción de bienes y servicios, quieren incrementar el impuesto predial, el impuesto para los vehículos, acabar con el sistema de salud, reformar los sistemas pensional y laboral, así como promover una reforma política que favorezca a la izquierda. Muchos se quejan en silencio, pero nadie ladra, ¿que ha pasado?

Lo más destacado del año que finaliza es sin duda el interés del Gobierno por favorecer a quienes, aun estando al margen de la ley y empleando como telón de fondo la ‘paz total’, han sido designados para ejercer cargos públicos, tanto en el país, como en el exterior, sin contar con la experiencia y sin cumplir los requisitos legales exigidos para ejercerlos; de la misma forma ha nombrado a individuos de reconocida actividad delictiva como ‘gestores de paz’, solicitando a las autoridades la suspensión de medidas de aseguramiento y de las penas para varios de ellos. La triste consecuencia es que se considera por muchos que ‘el delito paga’.

El entorno del Gobierno está ensombrecido por posibles conductas ilícitas no solo de alfiles, sino de otros integrantes vitales del tablero, donde lo preocupante es que no se observa la agilidad de la justicia para investigar y pronunciarse de fondo sobre los probables actos fuera de la ley cometida por estas personas, actividades que van desde el recibo de dineros en bolsas negras, pasando por la violación de topes a los gastos en campañas electorales, el ingreso de dineros de dudosa procedencia a estas campañas y la no declaración de recibo de los mismos, así como la probable pérdida de grandes sumas de dinero en aparentes robos a funcionarios o las posibles negociaciones en la cárcel para las votaciones o los rumores sobre supuestos sobornos a delincuentes para entrar en el proceso de la ‘paz total’.

Ya estamos en las puertas de 2024 y es nuestra responsabilidad mantener vivo y productivo al país, a pesar del esfuerzo de la ideología del Gobierno por impedirlo. Ánimo, Colombia, que nuestro país es y siempre será grande con la contribución de toda la sociedad.

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